Kutxabank público

“Auzolan” (trabajo comunitario), “arraigo”, “las personas primero”, son algunos de los eslóganes que jalonan el relato oficial en la CAPV. Nos proyectan de este modo un imaginario de búsqueda del bienestar general, en el marco de una apuesta por un desarrollo endógeno, inclusivo, cohesionado y resiliente de país. Nuestra realidad, desgraciadamente, dista mucho de este relato, y se asemeja mucho más al hegemónico lema del business as usual. Hacer y favorecer negocios es, de esta manera, el leit motiv de nuestras instituciones, asumiendo explícitamente la fe en lo privado y en los mercados globales como único horizonte posible.

La política industrial del Gobierno Vasco es un exponente de ello. Esta se caracteriza, en primer lugar, por las alfombras rojas y las ayudas públicas concedidas a las grandes empresas, que operan generalmente a escala global sin preocupación por el bienestar de la ciudadanía vasca; en segundo término, por el impulso de manera incondicional de políticas de internacionalización para las corporaciones vascas, como si sus beneficios revirtieran directamente en nuestra calidad de vida y en la de los territorios en los que estas operan; tercero, por la desinversión y venta de la participación pública en sectores estratégicos, cuando estos son atractivos para el negocio privado.

Lo público, así, impulsa procesos, acomete inversiones y socializa pérdidas. Lo privado, en un momento dado, asume el control en la lógica de business as usual bajo apoyo y/o impulso institucional. El capital transnacional, gran protagonista del panorama actual, aprovecha la ocasión mediante absorciones y compra de acciones, haciendo saltar por los aires el arraigo y el auzolan.

El caso Euskaltel es paradigmático en este sentido. Una empresa muy rentable (en 2018 se contabilizan 330 millones de volumen de negocio y 92 de beneficios), que se crea en 1995 con capital público (40% Gobierno Vasco, 60% Cajas de Ahorro), y que hoy está completamente privatizada, siendo el fondo británico Zegona el máximo accionista a costa de Kutxabank. Esta última se privatiza, el Gobierno Vasco vende a precio de saldo sus acciones (tras fuerte inversión en fibra óptica), y se impulsa la entrada de capital privado y cotización en bolsa. La historia acaba con el reciente anuncio de que el control de la entidad está en un fondo que alardea de su estrategia de “Compra, reparación y venta”, donde prima el corto plazo y el reparto de dividendos, para nada el interés de los vascos.

La noticia ha generado fuertes críticas, tanto sindicales como patronales, y a ambos lados del espectro político. Tal es así que el lehendakari Urkullu ha salido a la palestra para anunciar la posible compra pública de acciones y la alianza con otros accionistas para evitar el rol dominante de Zegona. No obstante, esta también cuenta con sus socios entre el accionariado, incluso de multinacionales como Virgin, de la que se sospecha que está detrás de la jugada como vía de entrada al mercado de telecomunicaciones en el Estado a través de Euskaltel. Final incierto.

En todo caso, Euskaltel es solo la punta del iceberg. Llueve sobre mojado. En un mundo globalizado y bajo la égida del capital transnacional, hoy más que nunca son necesarias empresas al servicio del bien común, públicas y bajo fuerte participación social, especialmente en sectores tan estratégicos como las telecomunicaciones, la economía digital, la banca y la energía. Esta es la única vía de acercarnos al ideal de auzolan y arraigo, hoy en día en las antípodas de nuestra política industrial y económica.